Caso Chevron-Texaco

TRES DÉCADA DE RESISTENCIA PARA LOGRAR REPARACIÓN

El 3 de noviembre de 1993, un grupo de quince afectados de las provincias de Sucumbíos y Napo acompañó al abogado Cristóbal Bonifaz a una de las cortes del Segundo Circuito de Nueva York, en los Estados Unidos de Norteamérica, para presentar una demanda en contra de la compañía petrolera Texaco, por los daños ambientales y sociales que sus operaciones habían ocasionado en la zona norte de la región amazónica ecuatoriana. Patricio Cango fue una de aquellas personas que ese día estuvo presente en la Corte en Nueva York. A su retorno participó en un programa que difundía Radio Sucumbíos los días sábados, en el que informó algunos aspectos relacionados con la presentación de la demanda que, hasta ese día, poco o nada se habían difundido públicamente, al menos en el ámbito local. Patricio dijo que las comunidades y las organizaciones sociales de Sucumbíos debían organizarse para apoyar esta acción legal. (Las voces de las víctimas, pp. 89).

El párrafo precedente es una cita textual del libro escrito por uno de los testigos y conocedores de la historia de una lucha emblemática que algunos medios de comunicación internacionales en su momento la denominaron “David contra Goliat”.  En el texto, “Las voces de las víctimas”, Luis Yanza narra el origen de la demanda legal en contra de la compañía Texaco que dio lugar a una articulación de organizaciones y comunidades en una estructura organizativa cuyo fin era sostener la batalla judicial la cual, casi tres décadas después, aún no ha concluido. Esa estructura política y organizativa es el Frente de Defensa de la Amazonía, constituida el 15 de mayo de 1994.   

Si bien, la lucha de las víctimas de la compañía Texaco nació con la demanda legal presentada en su contra en Nueva York en el año 1993, el movimiento social en la provincia de Sucumbíos surgió muchos años antes y fue producto del trabajo pastoral impulsado por la Misión Carmelita y la Iglesia de San Miguel de Sucumbíos lideradas por el obispo Gonzalo López Marañón. En el libro el autor relata los hechos principales que dieron lugar al nacimiento de una diversidad de organizaciones en los años ochenta algunas de las cuales confluyeron en el Frente de Defensa de la Amazonía en 1994.

La batalla legal se desarrolló en dos escenarios geográficos distantes y distintos. La demanda fue presentada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York (EE.UU) el 3 de noviembre de 1993 y permaneció en esa jurisdicción hasta el año 2002. Mientras la batalla legal se desarrollaba a cientos de kilómetros desde donde residían las víctimas, otra batalla, la política, se libraba en Ecuador. A los sucesivos gobiernos de la época y a las más altas autoridades del Estado ecuatoriano Texaco les presionaba para que inclinaran su posición a su favor. La fuerza de las víctimas y de los distintos grupos sociales del país obligaron a los gobiernos de la época a que, al menos, mantuvieran una línea de imparcialidad frente al caso judicial, excepto los gobiernos de Sixto Durán Ballén y Jamil Mahuad, respectivamente. El primero firmó un acuerdo con la Texaco, en 1995, para remediar los daños por un monto de 40 millones de dólares aproximadamente, cantidad que no cubría ni el 1% de las afectaciones causadas por la compañía. También cuatro municipios de Orellana y Sucumbíos y dirigentes de dos organizaciones indígenas kichwas negociaron con la Texaco (ver los capítulos 15 y 16).

Tres años después, basado en informes fraudulentos firmados por ciertos funcionarios ecuatorianos de la época, el gobierno de Jamil Mahuad liberó a la compañía de toda responsabilidad sobre el desastre ambiental ocasionado en la Amazonía ecuatoriana. Por fortuna, pese a que la intención de la Texaco era librarse de la demanda planteada en su contra por los afectados, esto no ocurrió.

El segundo escenario fue el lugar en donde la Texaco había causado uno de los peores desastres ambientales en el mundo: el norte de la Amazonía ecuatoriana. En 2002 la demanda fue enviada a Ecuador bajo el razonamiento de los jueces estadounidenses de que los hechos alegados por los demandantes ocurrieron en Ecuador y las víctimas residen en él. La corte ordenó a la Texaco, que ya se llamaba Chevron, que no alegue prescripción de los daños, se comprometa a someterse a la jurisdicción de los jueces ecuatorianos y acate sus decisiones. La compañía se comprometió a todo ello, pero años después hizo todo lo contrario.

La demanda fue presentada en contra de la compañía Chevron Corp. el 7 de mayo de 2003 en la Corte Superior de Justicia de Nueva Loja (hoy corte Provincial de Justicia de Sucumbíos) firmada por 47 personas en representación de más de 30 mil personas afectadas por la contaminación ambiental que dejó la Texaco en el territorio ecuatoriano. Precisamente, la reparación de los daños ocasionados por esa contaminación era la pretensión fundamental de la demanda. Desde ese año empieza la segunda parte de la batalla legal, la más intensa y difícil, sostenida por las propias víctimas con el apoyo de muchos grupos sociales nacionales y extranjeros, incluso por personalidades vinculadas al arte, la cultura y la defensa de los derechos humanos de Ecuador y el mundo.  

La batalla judicial fue difícil, no por falta de argumentos y pruebas pues estas existen y son aún evidentes después de 30 años desde que la Texaco abonó el Ecuador. Fue difícil porque Chevron buscaba por todos los medios afectar la integridad del juicio, crear duda sobre los jueces y manchar la imagen del sistema judicial ecuatoriano. Impunidad es la palabra que resume la pretensión de la compañía. Sin embargo, la vigilancia activa del proceso judicial por parte de las comunidades afectadas logró que por fin se dictara sentencia: el 14 de febrero del año 2011, la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos sentenció a Chevron a pagar más de ocho mil millones de dólares para la reparación de los daños. 

No obstante, la compañía, incumpliendo su promesa en la Corte de Nueva York en 2002, se ha negado a acatar la sentencia pese a que esta ha sido ratificada por las instancias superiores respectivas, por lo tanto, la batalla judicial ahora se ha trasladado nuevamente fuera de Ecuador para obligar a que Chevron responda con sus activos y pague el valor dictaminado en la sentencia ecuatoriana. De manera que, la lucha de las víctimas aún no ha terminado, sigue y seguirá hasta lograr que la causante del desastre ambiental pague para repararlo.

Aspectos relevantes de la sentencia

La sentencia determina que Chevron deberá pagar 8.046.160 mil millones de dólares, más el 10% que la Ley de Gestión Ambiental vigente en la época ordenaba, dinero que será destinado exclusivamente para las siguientes acciones de reparación: 

• Reparación ambiental                                                                  5.396.160.000 USD
• Recuperación de la flora, fauna y vida acuática nativas                      200.000.000 USD
• Implementación de sistemas de agua potable                                    150.000.000 USD
• Implementación de sistema de salud                                             1.400.000.000 USD
• Fondo para tratamiento de cáncer                                                    800.000.000 USD
• Reconstrucción comunitaria y reafirmación étnica                              100.000.000 USD

(Ver pp. 181-183 de la sentencia).

Para administrar esa cantidad de dinero la sentencia ordena que se constituya un fideicomiso cuyo beneficiario es el Frente de Defensa de la Amazonía, organización que, además, designará a los miembros que representen a los afectados en la junta de fideicomiso (ver pp. 186 y 187 de la sentencia). 

Jamás debemos olvidar

Uno de los peores desastres ambientales ocasionados por la industria petrolera está en Ecuador, en las provincias de Orellana y Sucumbíos.  

Para recordar, la compañía Texaco ingresó a la Amazonía ecuatoriana a extraer petróleo en el año 1994; tres años después, en 1967, surgió petróleo del primer pozo, el pozo Lago Agrio 1, nombre con el cual se denominaría también al campo petrolero y luego a la jurisdicción municipal que hoy lleva el mismo nombre. En 1990 Texaco abandonó el país luego de permanecer 26 años en el país. La operación de los campos, instalaciones y demás infraestructura petrolera fueron asumidas por la empresa estatal Petroecuador.

Durante su permanencia en la Amazonía la Texaco utilizó tecnología obsoleta y contaminante causando uno de los peores desastres ambientales, como lo reflejan los siguientes datos:  (Fotografías de piscinas, mecheros, derrames, pozos petroleros).

• Más de 330 pozos fueron perforados y operados por la Texaco. Junto a cada pozo construyeron al menos tres fosas para depositar los desechos tóxicos.
• La compañía derramó más de 16 mil millones de barriles de agua tóxica en los esteros, ríos y pantanos de la zona de operación. Un número similar de barriles de crudo también fueron derramados al medio ambiente.
• Quemó al aire libre, a través de los denominados mecheros, 235 mil millones de pies cúbicos de gas.
• La Texaco dejó abandonadas, al salir del país en 1990, cerca de mil fosas o piscinas con desechos petroleros contaminantes. Algo más de un centenar fueron “remediadas” bajo el acuerdo que firmó con el gobierno en 1995; en realidad solamente fueron soterradas, tapadas con tierra para ocultar los contaminantes.

Esas operaciones afectaron directamente una extensión de más 500 mil hectáreas en donde residen pueblos originarios y colonos mestizos que emigraron desde distintos lugares del Ecuador. Sin embargo, a través de los ríos y esteros siguen fluyendo los residuos tóxicos afectando a familias y comunidades que residen en sus cauces.  

Las voces directas de las víctimas que aún sufren las consecuencias nefastas del desastre ocasionado por Chevron están citadas en el libro antes referido, muchos de ellos ya fallecieron (ver pp. 377-389). Pero los que todavía viven siguen contando sus historias de dolor y sufrimiento, para que la gente nunca se olvide del crimen ambiental cometido por una compañía que privilegió la ganancia económica a costa de la vida de miles de seres humanos y no humanos de la Amazonía ecuatoriana.